Este domingo 2 de junio se celebran elecciones en México, pero más allá de las dinámicas de campaña de los candidatos a presidente, en las zonas rurales del país se desarrolla otra actividad cada vez más corriente: el asesinato de candidatos. Se afirma que la campaña de este año 2024 fue una de las más violentas en la historia del país. El conteo estatal lanza un número de veinte candidatos asesinados, pero otros organismos de derechos humanos cuentan hasta casi cuarenta, número que el gobierno ha cuestionado.
Pero más allá de los números exactos, los hechos son innegables: la política al interior de México se ha vuelto una cuestión de vida o muerte, sumado a secuestros registrados y amenazas de todo tipo (la mayoría no denunciadas oficialmente). La consultora Integralia, desde septiembre de 2023 hasta el 26 de mayo de este año, ha contabilizado 749 víctimas de violencia de alto impacto relacionada a la política entre las cuales se encuentran 231 asesinatos, tanto de funcionarios, candidatos y políticos, como de sus respectivos familiares y víctimas colaterales. Esto representa un incremento de un 150% desde la campaña 2020-2021.
El especialista en crimen organizado Roberto Roldán afirma que no solo las campañas están condicionadas, sino también la elección previa de los candidatos que han de presentarse. Los conflictos muchas veces se originan dentro de los mismos partidos y los asesinatos los perpetran sicarios enviados por ellos. Esto explica por qué mueren candidatos en localidades donde gobierna su propio partido, entre ellos el partido Morena, que es el que más asesinados cuenta, seguido por el PRI y el PAN. Incluso hubo asesinados del Partido del Trabajo. Es decir, los perpetradores no parecen hacer distinciones por ideologías, cada localidad es un mundo aparte con sus propios intereses.
¿Cuál es el dato relevante? Que, por cada ataque, la participación en los municipios se reduce un 3% y en localidades como Michoacán casi cuarenta candidatos renunciaron a su candidatura. Los candidatos que integran las listas tienen sus posibilidades reducidas según los intereses de grupos criminales, caciques electorales o familias enfrentadas (como en Veracruz) y, si no renuncian, dirigen sus campañas solo por redes sociales o negocian con sus amenazadores. Según Roldán “se puede decir que, a nivel local, en México no hay democracia” y que “los políticos mexicanos son rehenes de dinámicas criminales”.
Las víctimas tienen la posibilidad de pedir protección, pero muchos eligen no hacerlo dado que la protección oficial no es cien por ciento confiable. La policía suele estar conectada al crimen organizado y la seguridad de la Guardia Nacional es difícil de conseguir pues la víctima debe probar que está en peligro inminente. Es el caso de una candidata del estado de Morelos, Gabriela Gorostieta, que no consiguió que la escucharan hasta que su tío murió asesinado. Además, esta Guardia no suele tomar en cuenta las formas de organización territorial de las bandas criminales y se vuelve ineficiente.
Si bien proporcionalmente es un fenómeno minoritario (cuarenta asesinatos sobre veinte mil candidatos) que no se transporta hasta los candidatos presidenciales, es usado como discurso de campaña a nivel nacional, para luego ser olvidado nuevamente. Nadie se encarga realmente de solucionar el problema. Para Roldán se debería intervenir la división administrativa, colocar más policía para terminar con el sistema “feudal” y reducir la impunidad, cambiando la cultura de esas zonas. Pero ello requeriría una “contingencia federal, general y ambiciosa” que ninguno de los candidatos muestra tener, pues están más enfocados en el narcotráfico a nivel nacional, que poco o nulo efecto tiene sobre estas dinámicas locales.
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