Esta semana legisladores peruanos, en mociones separadas, presentaron la vacancia de destitución de la presidenta Dina Boluarte a causa de su incapacidad moral permanente, como por no rendir cuentas tras su ausencia de 12 días en 2023. Sumada esta, sería la quinta vez que se presenta una amenaza de juicio político a la mandataria desde que asumió el 7 de diciembre de 2022.
¿Qué está pasando en Perú?
Remontándonos hacia el inicio de su gobierno, Boluarte no asumió como presidente luego de una elección, sino que fue la sucesora constitucional de su compañero de fórmula, Pedro Castillo. Este fue destituido de su cargo por el Congreso de la Nación luego de intentar un autogolpe de Estado al querer disolver esta institución y gobernar sobre la base de decretos.
A causa de su asunción, durante meses se dieron protestan en varias regiones, lo que llevó en reiteradas ocasiones a la represión policial, que tuvo por resultado heridos y 49 muertes, causando que la presidente y su gabinete sean investigados por acusaciones como genocidio y abuso de autoridad.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, pensemos en los hechos ocurridos esta semana; hubo tres mociones distintas, por parte de partidos distintos, para evitar que continúe en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el encubrimiento de su hermano Nicanor en causas de tráfico de influencias junto con prefectos del Perú, sin mencionar su interferencia en el debido proceso judicial.
Sin embargo, ninguna de las mociones llegó siquiera a tratarse; de los 130 diputados que conforman la única cámara en el congreso, asistieron 96, votaron 33 a favor, 19 se abstuvieron y 44 estuvieron en contra. Como era de esperarse, quienes apoyaron la iniciativa fueron los partidos opositores, tales como Perú Libre y Cambio Democrático, mientras que aquellos que retuvieron el tratado del proyecto fueron los sectores fujimoristas como Fuerza Popular y derechas aledañas como Renovación Popular.
Paralelamente, el descontento es creciente, tanto por las acusaciones de corrupción como por su incapacidad de dirigir a la Nación, pues la pobreza alcanza aproximadamente al 30% de la población y la inseguridad es incipiente en todo el territorio.
¿Podemos hablar de una crisis de legitimidad en el gobierno peruano?
Es sabido que quien tiene el monopolio de la fuerza es el Estado, y su legitimidad, así como su legalidad, parten de las elecciones libres y democráticas, en donde se vota confiando en el candidato al que la población ve más capaz. Sin embargo, ¿hasta qué punto hay legitimidad? ¿Basta con ganar las elecciones?
Boluarte triunfó en las elecciones como vicepresidente, y asumió de manera legal como presidente. No obstante, tanto el pueblo como parte del poder legislativo han mostrado su descontento más de una vez; se acusa a su mandato de estar plagado de causas de corrupción, así como de inoperancia a la hora de gobernar. Es en estos momentos, la población y más aún sus mandatarios deben mirar en su interior y poner en la balanza qué vale más: si llegar a un segundo dirigente removido por juicio político o respetar los tiempos constitucionales y esperar a próximas elecciones.
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