Por: Santiago López Micossi
La reforma judicial en México ha sido un tema recurrente en la agenda política, impulsada principalmente por la necesidad de combatir la corrupción, mejorar la eficiencia judicial y garantizar un acceso equitativo a la justicia. Históricamente, el sistema judicial mexicano fue criticado por su lentitud, su opacidad y su falta de autonomía, problemas que se arrastran desde hace décadas. A lo largo de los años se fueron implementando múltiples reformas, pero el cambio estructural sigue siendo un desafío pendiente. Un antecedente clave es la reforma del 2008, con la cual se introdujo el sistema acusatorio adversarial: un modelo basado en juicios orales, transparencia y la presunción de inocencia. A pesar de estos avances, la corrupción, la impunidad y las deficiencias en la capacitación de jueces y personal judicial han mantenido el sistema judicial lejos de cumplir con las expectativas ciudadanas.
El proyecto ya había obtenido la aprobación en Diputados con facilidad, y ahora fue aprobado por 86 votos a favor y 41 votos en contra en el Senado (donde estaba el mayor obstáculo para la propuesta), aunque falta aún la ratificación de 17 de las 32 legislaturas estatales. Entre las reformas se encuentran la creación de nuevos organismos de supervisión interna sobre el Consejo de la Judicatura Federal (institución similar al Consejo de la Magistratura en Argentina), la reducción de la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, la designación rotatoria cada dos años del Presidente de la Suprema Corte, la disminución de los mandatos de jueces y ministros y la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, además de un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente. Los defensores argumentan que es necesario un cambio profundo para erradicar la corrupción y mejorar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían comprometer la independencia del Poder Judicial y aumentar la influencia del Ejecutivo.
Sin embargo, la mayor polémica surge con el pilar fundamental de la reforma: la elección mediante voto popular de magistrados y jueces del sistema federal a partir del próximo año. Los opositores sostienen que la elección por voto directo politiza la justicia, comprometiendo la independencia e imparcialidad de los jueces al alinear los fallos judiciales con la opinión popular en lugar de la ley y favoreciendo una selección política de los candidatos que deje de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito. Otra crítica que se plantea es que la nominación de los candidatos favorecerá a aquellos interesados que cuentan con una red de contactos, financiamiento o son políticamente afines al oficialismo. Esto permitiría entonces que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia, algo que ya ocurre pero con la diferencia de que ahora se le estaría dando cierto respaldo legal. Cabe reiterar que aquellos candidatos a magistrados y jueces para los que aplicaría el nuevo mecanismo son los correspondientes al sistema federal, no para los sistemas judiciales locales y fiscalías.
El trasfondo incluye una faceta más: se enmarca en la intención de López Obrador de dejar su nombre como uno de los más importantes de la historia de México. Bajo su administración promovió lo que denominó “4T”, la Cuarta Transformación del país (tras la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910) para “cambiar los cimientos de la sociedad mexicana”. En ese contexto, la reforma judicial aparece como la base fundamental para implementar otros cambios en el país y por eso se la considera uno de los pilares fundamentales de la 4T. Allí es donde aparece Claudia Sheinbaum, la presidente electa. López Obrador la eligió como su sucesora para que continúe con el proyecto de la 4T, ergo, continuar con la reforma judicial. Sheinbaum se manifestó públicamente a favor de la elección de jueces, aunque esto no hubiera sido la principal prioridad al comienzo de su mandato. La realidad marca que, para bien o para mal, tanto las consecuencias como la implementación de los cambios será determinante para la nueva administración, que comenzará el 1 de octubre.
¿Qué impacto tendrá la reforma en uno de los sistemas judiciales más corruptos del mundo? ¿Podrá Sheinbaum continuar con el legado de López Obrador y su 4T? ¿Centralizar el poder es la mejor herramienta para combatir la violencia y el narcotráfico?
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