Por: Sofía Alonso
El pasado sábado, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el arresto de dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo, acusados de “desestabilizar” y generar “acciones violentas”. Fueron detenidos en Puerto Ayacucho, en el Amazonas, junto a 400 fusiles de supuesto origen estadounidense.
Cabello, segundo del gobierno, acusó también a las agencias de inteligencia estadounidense (CIA) y española (CNI). Es clara la correlación entre las recientes tensiones entre estos países y estos arrestos. El pasado 12 de septiembre EEUU emitió sanciones contra no menos que 16 funcionarios de Maduro por obstruir las elecciones.
En cuanto a España, hace una semana Sánchez recibía a González Urrutia, verdadero ganador de las presidenciales, para darle asilo político en su país. También el Congreso español ha declarado la victoria del partido del venezolano, mientras la ministra de Defensa calificaba de “dictadura” al actual gobierno bolivariano. Ante esto, Venezuela ha llamado a consulta a su embajadora en Madrid, además de pedirle explicaciones al embajador español en Caracas.
Tanto EEUU como España se han desligado totalmente de las acusaciones sobre un plan de asesinato o derrocamiento a Maduro y sus dirigentes y han afirmado querer la “solución democrática a la crisis política venezolana”. Ninguno de los detenidos pertenece a las agencias de inteligencia de estos países. De hecho, el padre de uno de los españoles, Andrés Martínez Adasme, declaró que su hijo estaba de viaje por Sudamérica y que le perdió el rastro desde el 2 de septiembre. Sin embargo, uno de los estadounidenses arrestados, Wilbert Joseph Castañares, es un miembro activo de la Armada, experto en explosivos y ex combatiente de Afganistán e Irak. Aún con este dato, los argumentos de “intento de atentado” junto con la historia sobre la intención de estos hombres de traer “mercenarios franceses y del este de Europa” para matar al presidente Maduro y su vice, Delcy Rodríguez, no tienen fundamento ni evidencia alguna. La única especificación sobre su arresto fue que se los encontró en “actitud sospechosa y tomando fotos”.
Tampoco podemos decir que estos arrestos sean una venganza por el asilo a Urrutia porque el mismo fue bien planeado. Según fuentes de un portal independiente, La Gran Aldea, el expresidente español, Rodríguez Zapatero, actuó como mediador en el exilio del venezolano. Un avión militar español esperó el momento desde el 5 de septiembre en República Dominicana. El viernes 6 se dieron todos los eventos: el embajador holandés que había refugiado a Urrutia hasta ese momento (información que el régimen chavista parecía ignorar) abandonó el país y el político debió trasladarse a la embajada española; en el mismo día la embajada argentina fue asediada como amenaza a los seis dirigentes opositores refugiados allí. Este último hecho pareciera haber sido un mensaje a Urrutia para que abandone el país. El golpe final vino cuando la vicepresidenta Delcy y su hermano Jorge fueron a la embajada de España a darle un ultimátum en persona. El domingo 8 Urrutia se retiraba del país y el lunes 9 el asedio a la embajada argentina se atenuaba.
En fin, estos arrestos parecen únicamente querer demostrar la capacidad del régimen de hacer daño a personas inocentes. Luego de las 1600 detenciones y 27 muertes de las últimas protestas, esto es una señal de una pronta nueva ola de arrestos y el argumento de complots terroristas o fascistas será la más común de las causas. De momento, se afirma que estos hombres “están confesando” y brindando todos los detalles de su “plan”.
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