¿Qué pasó con los detenidos del 12 de junio?
Por: María del Pilar Rossi
El pasado 12 de junio se dio una jornada intensa para la Argentina, no solo se votó la Ley Bases sino que además se dio la esperada respuesta por parte de sectores opositores que pretendían su rechazo en el Senado.
Esta reacción, si bien podía ser prevista debido a lo abarcativa que es la ahora aprobada ley, fue desmedida y ocasionó daños tanto a la propiedad pública como a la privada. Se vio cómo manifestantes rompían baldosas para arrojarlas a la policía, volteaban contenedores de basura, e incluso llegaron a incendiar autos. Es así como la policía federal tuvo la tarea de reprimir y desconcentrar tal aglutinamiento caótico de personas, donde se lanzó gas pimienta a los manifestantes, dispararon balas de goma y hubo detenidos.
Es aquí donde comienza la polémica: ¿fue justa la aprehensión de esos 33 manifestantes? De ambos lados hubo críticas, la oposición habló de presos políticos, de detenciones sin su debido proceso judicial y medidas que se acercan a ser dictatoriales. El oficialismo, por el contrario, se refirió a los hechos como propios de terroristas y de tendencias golpistas.
El derecho a tener una opinión y manifestarla es propio de la democracia, así que el problema en general no sería la marcha que hubo o el desacuerdo con el paquete de medidas que dio el gobierno actual. Sin embargo, transgredir los derechos de movilidad, destruir la propiedad de otros y vandalizar monumentos va más allá de la libertad de expresión, se trata de obstruir la convivencia pacífica de la sociedad en pos de intereses de un sector minoritario.
Ahora bien, ¿es desmedido hablar de autoritarismo? Si los detenidos hubieran pasado por el debido proceso judicial ,y se hubiera demostrado que estos fueron efectivamente quienes causaron disturbios, sería erróneo. No obstante, varios arrestados ni siquiera eran manifestantes y declararon que sus derechos fueron vulnerados como no poder beber agua en 24 horas. Se invirtió la presunción de inocencia y ahora los acusados deben probar que no son terroristas.
Siendo así, tampoco es válido creer que hay tendencias dictatoriales en el gobierno, ya que 28 de 33 personas fueron liberadas por el poder judicial, no se les negó el acceso a un abogado ni se desconoció su paradero, por lo que la comparación con un régimen al que ningún argentino quiere volver no solo es malintencionado, sino que completamente absurdo.
En conclusión, de ninguna manera es justificable la manifestación si esta conlleva destrozos que luego deben ser sustentados por el gobierno de la ciudad, así como tampoco es válida la desmesura por parte de las fuerzas de seguridad y militares en un país con garantías constitucionales y derechos bien delimitados.
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