Por: Juan Eduardo Wehner
La Cámara de Diputados no pudo revertir el veto del presidente Milei a la reforma de la fórmula jubilatoria, aprobada previamente por el Congreso con impulso de la oposición. En la sesión especial del miércoles, 153 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, 87 en contra y 8 se abstuvieron, sin alcanzar los dos tercios necesarios para insistir con la ley vetada.
La reforma planteaba mantener la actualización por inflación aprobada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, sumando un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril para completar el 20,6% de inflación de enero. Además, proponía que el haber mínimo no fuera inferior a 1,09 canastas básicas por adulto, según el INDEC, y que la fórmula de movilidad también tuviera en cuenta los salarios, compensando con un ajuste semestral cuando la inflación estuviera por debajo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE).
El proyecto había sido aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados por 160 votos a favor, con apoyo de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques, logrando dos tercios de los presentes. En el Senado, se aprobó con 61 votos a favor y 8 en contra, con un apoyo del 88% de los senadores presentes.
Según la normativa, todas las leyes sancionadas por el Congreso pueden ser vetadas total o parcialmente por el Poder Ejecutivo. En este caso, Milei vetó la ley de forma total mediante un decreto publicado el 2 de septiembre en el Boletín Oficial. El proyecto, que había ingresado por Diputados, fue tratado directamente en el recinto a pedido de la oposición, sin pasar por comisiones. En la sesión especial del miércoles, 248 diputados estuvieron presentes, por lo que se necesitaban 165 votos afirmativos para insistir, pero solo se alcanzaron 153, menos que en la primera sanción. Con este resultado, el veto presidencial se mantiene y el Congreso no podrá insistir con la reforma por al menos un año.
La confirmación del veto presidencial a la ley votada por el Congreso implica que las jubilaciones y pensiones no recibirán los beneficios propuestos, como un incremento del 8,1% adicional por la inflación de enero no reconocida y un ajuste mínimo según la canasta básica. También se contemplaban mejoras en la fórmula de movilidad y plazos para cancelar deudas previsionales. La ley pretendía actualizar las remuneraciones para el cálculo del haber inicial de forma mensual en lugar de trimestral.
A su vez, la Oficina de Presidencia de la Nación publicó en sus redes sociales:
“La Oficina del Presidente destaca la labor patriótica de los 87 diputados nacionales que impidieron a un grupo de irresponsables adoptar medidas populistas que habrían quebrado las arcas públicas.
Este miércoles, la Honorable Cámara de Diputados debatió y votó el primer veto presidencial de Javier Milei, cuyo objetivo era evitar la destrucción del superávit fiscal, un compromiso que tanto esfuerzo le ha costado a los argentinos alcanzar y que otros gobiernos no lograron durante su mandato.
Un déficit fiscal perpetuo lleva al colapso de una nación; cuando el gasto supera la recaudación, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para las futuras generaciones.
La inflación es un impuesto no legislado que afecta diez veces más a los pobres y ha sido la principal causa de la pulverización de los ingresos de los jubilados. En otras palabras, esta medida populista significaba pan para hoy y hambre para mañana.
Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos, o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este Presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo.”
Por un lado, el argumento del oficialismo es que si no se hubiera mantenido el veto, podría haber generado una deuda equivalente a 62 puntos del PBI y costaría a los argentinos 370.000 millones de dólares a perpetuidad. Por lo cual, se debería aumentar la emisión monetaria y/o pedir un nuevo préstamo. Así, subiría la inflación, el impuesto que más sufren los que menos tienen, no generando un aumento en términos reales de las jubilaciones.
Por otro lado, Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES y presidente del IERAL, difirió señalando que la nueva fórmula podría mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y corregiría el déficit de la compensación inflacionaria de enero que el Gobierno no cubrió completamente.
Debemos recordar que en la gestión de Milei, las jubilaciones aumentaron un 4,03% en septiembre, alineándose con la inflación de julio, y se mantuvo un bono compensatorio de $70.000 para los haberes más bajos, llevando la jubilación mínima a $304.540. Sin embargo, a pesar de estos aumentos, el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas cayó un 5,8% real en comparación con diciembre de 2023 y un 20,7% interanual respecto a septiembre de 2023. Desde septiembre de 2017, las jubilaciones mínimas han retrocedido un 30,3%. Las jubilaciones superiores a $305.000, que no reciben bonos, aumentaron un 10,3% real respecto a diciembre último, pero todavía muestran una caída del 13% interanual. El bono compensatorio, congelado desde marzo, perdió un 36,7% de su poder adquisitivo. De haberse ajustado con la inflación, debería ser de $110.600.
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