Por: Camila Minchiotti
Luego de los polémicos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, surgieron diversos cuestionamientos y exigencias de transparencia al reelecto oficialismo.
Según el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, con un 80% de los escrutinios, los votos arrojan un triunfo “irreversible” de Nicolas Maduro por sobre Edmundo Gonzales Urrutia. En respuesta a tan inverosímil resultado, la oposición exigió al CNE revelar las actas electorales al público, lo cual, hasta ahora, no ha sucedido. Por otro lado, se encargaron de publicar ellos mismos las actas que demuestran una diferencia abismal contrastadas con los datos oficiales del CNE.
Debido a las controversias tanto nacionales como internacionales que exigen al régimen chavista una mayor transparencia electoral, Maduro, quien se niega a mostrar los resultados de las actas a pesar de proclamarse vencedor, decidió presentar un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela para verificar los resultados electorales. Este órgano llevó a cabo un peritaje del proceso electoral en el que se citó a las distintas fuerzas políticas y se les requirió la entrega de la documentación electoral. De todos modos, el candidato opositor no se presentó como manifestación ante la nula imparcialidad del órgano judicial, por lo que el proceso culminó con una nueva victoria de Maduro.
A pesar de este intento de legitimación, los cuestionamientos siguen presentes en la escena política. Sobre todo, porque la imparcialidad y autonomía que se adjudica el TSJ es altamente improbable. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto órgano judicial de Venezuela y última instancia de recurso, entre numerosas atribuciones, le corresponde dictaminar si hay mérito para enjuiciar al presidente, sus ministros, legisladores y otras altas autoridades.
Por un lado, si se tienen en cuenta las sentencias realizadas en los últimos años, todas son a favor del oficialismo. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el TSJ no ofrece garantías de cumplir su función correctamente debido al impedimento a varios candidatos a participar de las elecciones. Además, sus integrantes han sido nombrados por el mismo régimen chavista.
Esta nueva convalidación de los resultados electorales no es más que un intento de Maduro de cesar las acusaciones de fraude que ha recibido. Sin embargo, hasta que no se muestren públicamente las actas, las dudas permanecen y el reclamo de la soberanía popular se incrementa. Organismos internacionales, fuerzas nacionales, el pueblo venezolano e incluso presidentes de países que solían estar alineados al régimen, continúan exigiendo transparencia y reivindicando elecciones libres.
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