El día 30 del mes pasado, el Poder Ejecutivo vetó en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 27.756, que proponía aumentar las jubilaciones para contrarrestar en alguna medida la difícil situación económica que transcurre en la actualidad argentina.
El sistema previsional argentino es tema de agenda constante, siendo de los principales puntos de divergencia entre los sectores de la política nacional. Hace años que la efectividad de éste se ve afectada por fenómenos como el aumento de la informalidad y el desempleo, la baja de contribuciones patronales, moratorias y demás. Esto desemboca en una triste realidad: los aportes que millones de ciudadanos han realizado durante su trayectoria laboral al sistema no tienen reflejada una devolución adecuada para afrontar los gastos cotidianos de una “casa tipo”. El sistema es deficitario hace décadas y esto trae aparejado un descontento social que no parece acabar, aunque sea por el momento.
El proyecto de ley proponía principalmente un aumento “extraordinario” del 8,1% a los haberes de abril, para igualar el 20,6% de inflación de enero, al mismo tiempo que mantenía que el haber mínimo no podía ser menor a 1,09 de la canasta básica. Esto para “atenuar” la merma que tuvo el poder de compra de los argentinos y, sobre todo, de un grupo tan vulnerable como los jubilados.
El proyecto fue observado en su totalidad por el Ejecutivo, quien tiene la facultad de vetarlo de forma tal o parcial; fundamentó que existían varias razones para llevar adelante esto, pero principalmente:
1. El sacrificio que acarrea económicamente en términos de emisión.
2. Observaciones técnicas en algunos puntos.
También resalta el historial del sistema, explicando que actualmente lleva sobre sus hombros falencias originadas en gestiones anteriores.
El proyecto, al volver a su cámara de origen para una insistencia de diputados, no consiguió los 2/3 necesarios para ello.
Con una UCR imprevisible y dividida, el veto del presidente fue “aprobado” por la Cámara de Diputados. Este suceso, además de acentuar la crisis interna en la UCR, trajo la preocupación de gran parte de la población afectada por esta decisión y el enojo de sectores que apoyaban el proyecto inicial.
Hubo varias manifestaciones y varios argumentos que emergen de estas. El sector más afín al oficialismo lo entiende como una “excusa” para quitar gobernabilidad y empeorar la imagen de la gestión actual. La oposición habla de la necesidad de cuidar a los jubilados y denuncian un supuesto restringido derecho de manifestación y huelga por las represiones.
Entendiendo ambas caras de la moneda y poniendo énfasis en la gravedad del asunto, ¿qué medidas podrían llevarse a cabo para mejorar el sistema previsional argentino? ¿Se puede recomponer luego de años de decadencia y desprolijidades?
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