Por: André Gryciuk
En un golpe a los esfuerzos medioambientales del presidente Joe Biden, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo que bloquea un ambicioso plan diseñado para reducir la contaminación transfronteriza de las centrales eléctricas. Este programa, parte de las medidas del gobierno para mitigar la contaminación del aire, buscaba imponer normas más estrictas sobre las emisiones que cruzan las fronteras estatales y que contribuyen a la contaminación en estados vecinos.
Con una ajustada votación de 5 a 4, se reflejaron las tensiones políticas en torno a las regulaciones ambientales, especialmente en temas que afectan a la industria energética. La mayoría conservadora del tribunal argumentó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) excedió su autoridad al intentar imponer restricciones a nivel nacional sin una autorización clara del Congreso. Este fallo ha dejado a muchos preguntándose: ¿quién protegerá el aire que respiramos si las agencias quedan limitadas en su poder?
El plan, conocido como la "Norma del Aire Limpio Transfronterizo", habría exigido a las plantas de energía de estados como Ohio, Indiana y Pensilvania, reducir significativamente sus emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos son contaminantes que pueden viajar largas distancias y contribuir al esmog y la lluvia ácida en otras áreas, incluso fuera del país, como Canadá. Sin embargo, con la decisión del Supremo, todo ha quedado en suspenso.
Organizaciones ambientales han alzado la voz, señalando que este fallo abre la puerta a un futuro más sombrío, donde las nubes de esmog y la lluvia ácida podrían convertirse en problemas incontrolables. “Estamos retrocediendo décadas en la protección de nuestra salud”, advirtieron desde el Sierra Club. Otras organizaciones ambientales han señalado que el fallo pone en peligro la salud pública, especialmente en comunidades de bajos ingresos y minorías que suelen ser las más afectadas por la contaminación del aire.
Por su parte, los Estados y las empresas energéticas que habían desafiado la norma celebraron la decisión. "Se trata de frenar regulaciones que asfixian la economía", afirmó Greg Abbott, gobernador de Texas, quien encabezó la demanda contra el gobierno federal. Pero, ¿a qué costo? Las empresas energéticas afirman que, de haberse llevado a cabo el plan del Presidente, hubiera forzado el cierre de plantas de energía y la pérdida de empleos.
La administración Biden ha expresado su decepción por el fallo, calificándolo como un retroceso en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. La Casa Blanca adelantó que está evaluando opciones legales para responder al fallo, como también la posibilidad de presentar nuevas regulaciones, aun así con el Tribunal Supremo cada vez más escéptico sobre la intervención federal; el camino para garantizar aire limpio parece cada vez más incierto. La lucha por regular la contaminación transfronteriza probablemente continuará en los tribunales y el Congreso, mientras el gobierno federal busca encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y los intereses económicos de los estados productores de energía.
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