Por: Delfina Cerrato
El paro de los trabajadores de Asociación Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (a los que luego se sumaron la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales y la Asociación del Personal Aeronáutico), que tuvo lugar desde las 12 del mediodía del pasado viernes hasta la misma hora del sábado, afectó a más de 37.000 personas. Este conflicto entre los sindicalistas y el gobierno no muestra índices de apaciguamiento en el corto plazo.
La medida de fuerza llevada a cabo por los pilotos y trabajadores aeronáuticos fue en pos de una actualización salarial, argumentando estar entre un 77% y un 100% por debajo de la inflación. Ante el reclamo por un aumento de los sueldos del 25%, recibieron por parte de Aerolíneas Argentinas una contraoferta del 10,8%. Por su parte, el presidente Javier Milei se expresó sobre este asunto diciendo que “el aumento que se les puede dar es 0%”.
En medio de estas disputas salariales, se volvió a traer a colación la intención del oficialismo de privatizar dicha empresa. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció diciendo: “Todo remite al mismo tema. O sea, la responsabilidad del Congreso con las decisiones que toma. El Gobierno podría haber tenido una solución, transferir al sector privado. No vamos a permitir que las ineficiencias o los privilegios exorbitantes que tienen los pilotos de Aerolíneas los siga pagando el contribuyente”. En consonancia con esta idea, dijo que “sería un excelente momento para reimpulsar” un proyecto de ley de 30 diputados del PRO para privatizar la aerolínea.
Por su parte, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina manifestó su preocupación y se mostró en contra de la medida de fuerza indicando que “sólo atentan contra el desarrollo y la evolución de la industria aérea, uno de los principales motores de la economía del país, que permite la conectividad nacional e internacional y el transporte de carga”.
Fue por esta situación y la pérdida económica estimada de más de 2,5 millones de dólares, que el Poder Ejecutivo decidió declarar la esencialidad del aerotransporte comercial a través de un decreto. Esta medida impuso la necesidad de un aviso previo de 5 días para los paros y la garantía de un 50% del servicio, como mínimo. Además, se cambiaron los pasajes vacacionales de los pilotos de categoría business a economy y se despidió a 3 comandantes por “inconducta laboral grave”.
Como respuesta al accionar del Poder Ejecutivo, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, comunicó que “es ilegal e ilegítima la medida que dispuso el Gobierno. Vamos a ir a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el derecho de huelga es fundamental y solo puede estar regulado cuando hay un peligro superior, como la vida humana”.
Este conflicto lleva al cuestionamiento más allá de la supuesta privatización de una empresa estatal. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace que un servicio pueda ser considerado esencial? ¿Dónde marcamos la línea entre el derecho a huelga y las necesidades de la población?
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