Hoy, la economía mira a la política más que nunca. Si bien el ministro de economía “Toto” Caputo afirma que “la aprobación de la ley bases no es estrictamente necesaria para lograr los objetivos propuestos”, los distintos actores del mercado junto con los inversores privados y el FMI dudan de la capacidad del presidente Javier Milei de domar la política, que, con el paso de los años, parece volverse más caótica.
Desde el primer momento en que Javier Milei puso un pie en la Casa Rosada, ya se sabía cuál iba a ser el eje principal del primer año de su mandato: reducir el déficit fiscal a como dé lugar. El primer cuatrimestre muestra datos positivos en ese aspecto: se estima que se ahorró más de $0.8 billones, lo que representa un poco más que el 0.5% del PBI; hecho que no se ha visto nunca en la historia reciente de nuestro país. Son inclusive datos que superan ampliamente las expectativas del Fondo Monetario, que esperaba que el gobierno cumpliera para el primer cuatrimestre del año. Sin embargo, muchos analistas económicos y políticos dudan sobre la viabilidad del ajuste fiscal con el cual se lograron estos números.
Hasta ahora, el ajuste se basa, por un lado, en la “motosierra” del estado; y, por el otro, en la licuación de los salarios reales y las jubilaciones. Desde el primer día, el actual presidente apostó por una “estrategia de shock”, que se basa en la idea de que, si se ajusta y se libera fuertemente la economía en un lapso relativamente corto de tiempo, el mercado se puede mostrar más propenso a dejar inversiones en el país. La motosierra fue el estandarte de Milei en su campaña, y fue lo que lo llevó al poder. Pero, ¿cuánto realmente hubo de motosierra y cuánto de licuadora durante estos meses?
Por el lado de la motosierra, los datos muestran una progresiva reducción del Estado; pese a ello, hay que distinguir las medidas estructurales que pueden servir a largo plazo, como el despido de empleados públicos y la quita de los subsidios a los servicios (transporte, energía, etc.); de las insostenibles a largo plazo: un recorte interanual en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) del 38 % de las jubilaciones y pensiones, del 27 % en cuanto a los salarios de los empleados públicos, del 86 % de la obra pública, y un 84 % en las transferencias a provincias (aunque se compensaría con las concesiones de la ley bases), entre muchas más.
Por otro lado, la licuación de los salarios se relaciona con que la inflación fue muy superior al aumento de los sueldos estos meses: según el INDEC, entre diciembre y marzo el promedio de los salarios registrados subió un 58%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue del 90%; lo que representa una fuerte caída del poder adquisitivo (y ni hablar si se consideran los sueldos en negro). No obstante, hay que considerar que los salarios pierden contra la inflación casi ininterrumpidamente desde 2018 (sí, son 7 años de sufrimiento).
Todo esto tuvo resultados positivos en términos económicos, entre ellos, se logró el superávit fiscal y, además, el Banco Central pudo disminuir en gran medida sus deudas y acumular reservas que luego pueden servir para quitar el cepo cambiario en un futuro cercano. Es decir: liberar el comercio del dólar oficial y terminar -por ahora- con el dólar Blue.
Aun así, la realidad es que todo esto no alcanza. Este nivel de ajuste es insostenible en el largo plazo. Lo que esperan el FMI y los mercados es que Milei pueda realizar acuerdos con los gobernadores, los legisladores y los demás actores que componen el “establishment” político. Por esto es tan importante para el gobierno que se apruebe la Ley Bases; por que más allá de que el capítulo fiscal genera alivio en cuanto a que representa un aumento de los ingresos a las arcas del estado, este proyecto de ley sirve para demostrar que Milei puede consensuar con los políticos para que los logros económicos se puedan mantener por mucho tiempo más. Este puede ser el fin de muchos años de crisis y sufrimiento. Esperemos que así sea. Pero cabe preguntarse: ¿Se puede salir del pozo sin sufrir?
Comments