El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el pasado jueves que acelerará los procesos judiciales para solicitantes de asilo adultos que ingresan solos al país, ello en el marco de las medidas tomadas para controlar la llegada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) explicaron que la nueva norma judicial, conocida como 'proceso de expediente de llegadas recientes (RA)’, permitirá que los casos de los solicitantes de asilo se resuelvan en un plazo de 180 días, lo que reducirá a meses un proceso que suele tardar años. A su vez esto impone consecuencias “más rápidamente”, incluida la deportación, a quienes no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos, dijo el DHS en un comunicado. La iniciativa, de igual modo, otorgará de manera más rápida protecciones a los solicitantes de asilo con reclamos válidos.
El fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en un comunicado que la iniciativa permitirá que los casos de inmigración se resuelvan con "prontitud y justicia". El jueves, el DOJ también presentó una norma para que los jueces de inmigración puedan dar prioridad a los casos que se puedan resolver con prontitud, en aras de aplicar más eficiencia y rapidez a la gestión del trabajo. La mayoría de los expulsados cruzaron por la frontera suroeste del país. El pasado miércoles se conoció que 670.674 inmigrantes irregulares evadieron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y lograron ingresar a Estados Unidos en el año fiscal 2023, según un reporte de Fox News. En marzo pasado, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens, dijo que el número de “fugas” se ha reducido.
Las críticas a Biden se originan en que no pueda impedir que los inmigrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, para reducir la delincuencia o para hacer que los no vacunados se vacunen, lo que aceleraría el fin de la pandemia de coronavirus.
No hay mucho que pueda hacer para obligar a cooperar a los tránsfugas dentro de sus escasas mayorías demócratas en el Congreso.
Por otro lado, para las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump ha delineado varias propuestas y políticas en torno al tema de la inmigración, que han sido una parte central de su plataforma política. Algunas de las más importantes son la construcción y expansión del Muro Fronterizo; propone no solo terminar las partes que quedaron incompletas durante su primer mandato, sino también reforzar y expandir la infraestructura existente. También aboga por las políticas de “cero tolerancia” para la inmigración ilegal, lo que implicaría procesar judicialmente a todos los individuos que cruzan la frontera sin autorización. Esto incluiría la detención y deportación inmediata de personas encontradas cruzando la frontera de manera irregular.
Dentro del plan se encuentran las restricciones al sistema de asilo, limitando las condiciones bajo las cuales los solicitantes pueden obtener asilo en los Estados Unidos.
La reanudación del programa “Permanecer en México” (Migrant Protection Protocols, MPP), el cual establece que los solicitantes de asilo deben esperar en México mientras sus casos son procesados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. La controversia es que este trámite puede durar incluso años, por eso la crítica. Trump ha hablado de la necesidad de reformar el sistema de inmigración legal para priorizar a los inmigrantes que aporten habilidades y méritos específicos, favoreciendo un sistema basado en el mérito sobre el actual sistema de reunificación familiar, y tiene la intención de eliminar el Derecho a la Ciudadanía por Nacimiento. para los hijos de inmigrantes no autorizados, una medida que requeriría un cambio constitucional.
Otra política incluida es el Aumento de Personal y Recursos en la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Trump ha hablado sobre la suspensión de la Inmigración desde países “peligrosos”, que, según él, no pueden ser adecuadamente examinados por razones de seguridad.
Además de la colaboración con gobiernos locales y estatales, el expresidente ha manifestado su deseo de trabajar más estrechamente con los mismos para hacer cumplir las leyes de inmigración y sancionar a las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
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