Desde sus inicios, el contractualismo nos narra que la fundación del Estado se sostiene en la necesidad del hombre de preservar derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad; por lo que, por medio del contrato social, se le ceden poderes para hacer leyes, ejecutarlas, y a su vez hacerlas cumplir, estando estos órganos separados. Es así como, en términos lockeanos, la paz puede ser preservada.
Ahora bien, Locke también nos habla del derecho a resistencia, siendo éste válido de usarse solamente si la institución estatal viola el pacto hecho, habilitando a los ciudadanos a rebelarse y crear otro gobierno. ¿Habrá llegado ese momento? ¿Podemos ver hoy en día un nuevo pacto?
Ya finalizada la tercera ola de democratización que tipifica Huntington, siendo esta la instauración democrática de Europa del Este, América Latina y Asia, podemos ver un deterioro en este sistema de gobierno. Estando adentrados en el siglo XXI, el avance de regímenes autocráticos es visible, así como el retroceso de la cultura democrática en países que alguna vez supieron tenerla. Lo curioso es que el avance de este sistema se dio por voluntad del mismo pueblo. ¿Es este el nuevo gobierno después de aplicar el derecho de resistencia?
Suponiendo que la respuesta sea afirmativa; ¿qué contrato rompió la democracia? Es claro que los problemas en la actualidad son más complejos, y que el cumplimiento de los derechos fundamentales nunca fue tan desafiante. A su vez, existen otras variables como la desigualdad económica y social o la concentración de poder político que dificultan la paz cívica. Son estos acertijos a resolver, y la falta de respuesta por parte de este régimen de gobierno, el que tal vez lleve a las sociedades a buscar otras normas de juego.
Estas normas de juego ya no priorizan los derechos que fueron mencionados al inicio, sino que por el contrario los sacrifican en detrimento de la resolución de dichas problemáticas actuales. ¿Cómo es esto?
Ante la ausencia de resolución, el electorado está dispuesto a ceder libertades con tal de que el Estado tome el control y desaparezca el problema, dirigiéndose a controles cada vez más estrictos como la vigilancia masiva, la intervención total de la economía, el aglutinamiento de poder y el aislamiento creciente del ciudadano de la participación en las decisiones que pueden influir en su vida, decisiones de las que debería formar parte.
Establecido esto, el cambio en las exigencias del ciudadano al Estado no constituyen un cambio de régimen, sino que es un contrato nuevo, con nuevas condiciones. Ya no prima el respeto del Estado hacia el ciudadano por la vida, la libertad y la propiedad, sino que se vela por la estabilidad y seguridad, proveída por la institución.
Es entonces que la disyuntiva a resolver es si salvar nuestros derechos fundamentales o permitir que sean avasallados con la esperanza de llegar al orden social. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar la libertad, la propiedad? O tal vez podríamos encontrar soluciones desde la democracia para que se cumpla con lo pactado. Bobbio nos plantea, por ejemplo, que una política de igualdad y justicia social, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas, pueden llevar a un gobierno democrático más participativo, igualitario y libre ¿Se podrá hablar de un nuevo contrato que reconecte a la sociedad con la democracia?
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