El decreto reglamentario 780/24 propone una serie de restricciones que modifican la ley sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, la ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. Dicha ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que posee el gobierno y otras entidades públicas, garantizando la transparencia y permitiendo que la información gubernamental sea accesible y se gestione de manera abierta y eficiente. El decreto, mencionando el artículo 3 de dicha ley, establece que aquella información fuera de la que el Estado se ve obligado a dar, será “por su propia naturaleza” y que la misma hace “al ámbito privado del funcionario”. A través de esto, se entiende que toda aquella consulta sobre información que no esté estrechamente ligada a la gestión estatal, estaría excediendo dicha ley y su modificatoria.
Firmes ante la posición de “mantener la ley intacta”, el bloque del PRO acusa al oficialismo de opacar la transparencia que esta ley garantiza, y de “atentar contra las bases esenciales de la democracia”. Figuras como Silvina Guidici y Fernando Iglesias, y Karina Banfi del bloque radical, defienden su postura demandando que se derogue dicho decreto, remarcando que es “inconstitucional”.
Tras el débil apoyo con los que contaron los DNU que trataban la Ley Bases o el presupuesto para la SIDE, la política de Milei vuelve a verse perjudicada por la falta de consenso que puede lograr dentro de la Cámara de Diputados; es una crisis que enmarca el gobierno del libertario: con una casi nula disposición al diálogo, verá por fallida muchas de las leyes que intenta sancionar.
Cabe entonces preguntarse qué significa para el gobierno de Milei, que el partido que supo ser el aliado en cuestiones clave como la Ley Bases, parece mostrar cierta autonomía en algunas decisiones de vital importancia para la implementación de su agenda. Tal como predecían algunos durante la campaña, una cosa es que Milei gane las elecciones: la otra, muy diferente, es que cuente con la capacidad de gobernabilidad, algo que ningún gobierno no peronista ha tenido fácil desde el retorno de la democracia. Concretar las diferentes políticas y cumplir con lo establecido o lo mencionado en sus discursos, se ve afectado e imposibilitado, debido a la falta de apoyo y cohesión entre el PRO y LLA a la hora de votar.
Por otro lado, teniendo en cuenta los motivos que movieron al PRO a votar en contra, consciente de las banderas que promueve el liberalismo, y la importancia que el Presidente otorga a la protección del sector privado, considero indiscutible garantizar los principios democráticos, entre ellos; la rendición de cuentas y el control por parte de la ciudadanía. Ambas aseguran no sólo que la gestión pública sea efectiva, sino que también actúe acorde a las normativas establecidas.
Este conflicto pone en evidencia que, con el fin de cumplir las promesas de campaña, Milei deberá reconsiderar su postura de no negociar con la política y a su pesar, abrirse y negociar. El diálogo, los acuerdos y la construcción de alianzas serán cruciales para consolidar el apoyo que efectivamente necesita.
A modo de conclusión, entiendo que si bien el decreto busca mejorar la eficiencia de la administración, permitiendo un manejo más ágil de la información, reduciendo costos y previniendo la desinformación o el mal uso de la misma, también es fundamental recordar que el acceso a la información es clave para el funcionamiento de una democracia. Sin transparencia, la posibilidad de señalar “irregularidades” se vuelve casi nula, lo que podría derivar en situaciones de desconfianza contra las instituciones.
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