Por: Delfina Cerrato
El pasado miércoles 12 junio se trató la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, popularmente conocida como “Ley Bases”, en el Senado. El gobierno buscaba la aprobación del paquete legislativo con reformas, siendo nuevamente enviado a Diputados; cometido que logró, pero no sin antes enfrentar intensos obstáculos.
Tras lograr conseguir quórum y una vez empezada la sesión, comenzaron a acumularse protestantes frente al Congreso, en su mayoría pertenecientes a agrupaciones políticas y sindicales (con la participación, posteriormente, de algunos diputados de bloques opositores) y, algunos de ellos, habiendo llegado a la plaza delante del Congreso la noche anterior. Estas manifestaciones alcanzaron un pico de agresividad por la tarde, cuando se mostraron a través de los medios imágenes y videos en los que se utilizaban bombas molotov y piedras para destruir autos, bicicletas de la Ciudad y negocios, acciones que muchos integrantes de la esfera política nacional catalogaron como “violentas” y “golpistas”. Incluso, en un comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina publicado ese mismo miércoles a la noche, tras la aprobación en general de la ley, se expresó lo siguiente:
“Partiendo de 38 diputados y 7 senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las Fuerzas de Seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos cuarenta años”
Por otro lado, la respuesta a los disturbios de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue acusada de “represión policial” y por “criminalización de la protesta” ante la implementación de un fuerte operativo de seguridad. Tanto es así que el bloque de diputados de Unión por la Patria presentará una denuncia penal ante la justicia por la “represión a diputados”, como comunicó Germán Martínez, diputado santafesino por Unión por la Patria, en sus redes sociales:
“Realizaremos una denuncia ante la Justicia Federal por la represión a diputadas y diputados nacionales de nuestro bloque. En los registros audiovisuales puede verse que la agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, notificaremos la realización de la denuncia penal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El accionar policial y las posteriores expresiones de Bullrich lo ameritan.”
Esta situación violenta surgida de la votación de la primera ley del gobierno del presidente Javier Milei en 6 meses lleva a preguntarse no solo si el poder ejecutivo actuó legítimamente con el monopolio de fuerza o si, efectivamente, los actos policiales vistos el 12 de junio frente al Congreso fueron de carácter represivo, sino también más urgentemente: ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Cómo reaccionarán ambas partes durante los próximos 3 años y medio cada vez que se quiera tratar un proyecto de ley en el Congreso? Como sociedad, ¿nos veremos sometidos a observar graves agresiones cada vez que se ejerza la democracia legislativa? ¿Tendrá Javier Milei que seguir enfrentando dificultades de esta magnitud en cada paso que quiera dar su gobierno?
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