La Secretaría de Inteligencia de Estado, también conocida como SIDE, fue tendencia las últimas semanas luego del rechazo contundente por parte del Congreso nacional del DNU que ampliaba su presupuesto en unos $100.000.000.000 (en pesos). Al rechazo de los diputados de Unión por la Patria y la oposición dialoguista (UCR, coalición cívica, etc.), se le sumó el rechazo de varios diputados del PRO, un sector que hasta el momento había apoyado casi todas las iniciativas del gobierno en el Congreso de forma unánime. La SIDE, según el boletín oficial, es un organismo encargado de la “obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación”. En criollo, se encarga de la recopilación de información que ayude a entender mejor lo que puede afectar la seguridad y defensa de la nación. De esto podemos deducir que este organismo es crucial para un gobierno que tiene una debilidad evidente: prácticamente no posee ningún gobernador de su mismo partido (o siquiera intendentes) en todo el país, lo que dificulta en gran medida el acceso al tipo de información que recopila la SIDE.
La Secretaría de Inteligencia de Estado se conformó durante el primer gobierno de Perón, en 1946. Desde entonces, fue objeto de constantes críticas por parte de periodistas y políticos, quienes denunciaban la utilización desmesurada de sus recursos por parte de los gobiernos de turno. Según sus detractores, la SIDE funcionó como herramienta para la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) durante el gobierno de Isabel Perón. Además, fue cómplice del accionar represivo de la dictadura militar, objeto de sospechas de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA durante el gobierno de Carlos Menem y sus referentes estuvieron involucrados en el escándalo de las coimas del Congreso durante la presidencia de Fernando De la Rúa. En 2015, Cristina Kirchner la transformó en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), denominación que se mantuvo hasta mediados de julio de este año. Finalmente, desde el gobierno actual, argumentaron que durante la gestión de Alberto Fernández el organismo quedó “desmantelado” y que fue utilizado para actividades “espurias”, como el espionaje interno y la persecución política e ideológica. El gobierno de Javier Milei le devolvió el rango de secretaría en julio de este año, disponiendo además una ampliación enorme de su presupuesto y la creación de organismos desconcentrados que se incorporan a la misma.
El gobierno dispuso que los cambios en la SIDE tendrían dos objetivos centrales: rearmar las bases de la secretaría en el interior y en la provincia de Buenos Aires y modernizar el organismo con el fin de adaptarlo a los nuevos desafíos en torno a la ciberseguridad. En una entrevista junto al periodista Jonathan Viale, Milei aludió al hecho de que Argentina es un país que sufrió dos atentados y que, actualmente, se encuentra amenazado por Irán. Por su parte, Patricia Bullrich justificó el aumento del presupuesto aludiendo al crecimiento del “narcoterrorismo” en Rosario y en otros puntos del país, “los peligros existentes en Ciberdelito” y “el cúmulo de amenazas que sufre la Argentina”.
La oposición denuncia que el gobierno no especificó el destino de los nuevos fondos asignados para la secretaría. El problema reside en el hecho de que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, diseñada para controlar la utilización del presupuesto para los gastos en inteligencia, quedó en manos del radical Martín Lousteau y Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria. El Macrismo se mostró escéptico sobre el tema, principalmente por el hecho de que el principal gestor de la secretaría es nada menos que Santiago Caputo, el principal asesor político de Milei, quien mantiene una relación muy tensa con el expresidente Mauricio Macri.
¿Tiene sentido informar sobre la actividad de inteligencia a los referentes del espacio que el gobierno denuncia como cómplices de los actores a los que precisamente se pretende investigar? Y si no lo hace, ¿qué distinción moral tendría esta secretaría con respecto a la anterior? ¿Podrá la nueva SIDE constituirse como una estructura de inteligencia eficaz en la preservación de la seguridad nacional? ¿O solo será un capítulo más en la turbulenta historia del espionaje en Argentina?
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