Por: Sofía Bethular
Ni un centímetro de piel, ni un sonido, ni una canción. Las mujeres afganas ya no tienen permitido existir en las calles de su propio país. Hoy, son reducidas a montañas de tela que caminan por la calle solo en caso de necesidad, sin emitir ningún ruido. Son extirpadas de sus derechos, de sus carreras, fruto y esfuerzo. Se las eliminó del ojo público y se las aisló de su propia vida. Desde el restablecimiento del régimen talibán en 2021, se han reprimido severamente los derechos civiles de la población afgana.
El pasado 31 de julio, el régimen hizo pública una nueva ley de 35 artículos que, aclaman ellos, busca la “Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”. En ella se detallan las prohibiciones de la vida diaria en Afganistán. Abarca leyes dirigidas a todos los ámbitos de la vida: la vestimenta en hombres, la prohibición de la música y la creación y almacenamiento de imágenes que representen seres vivos, incluso reprime la homosexualidad. Estas leyes son, sin embargo, particularmente represivas para las mujeres, ya que no pueden mostrar en público ni siquiera los ojos, deben usar burkas de cuerpo completo, con telas sueltas y poco atractivas. Las niñas deben abandonar su educación después de los 12 años. También se prohíbe a choferes transportar mujeres que no estén “apropiadamente cubiertas” y acompañadas por un hombre de parentesco cercano. “Si una mujer adulta debe abandonar su casa por necesidad está obligada a cubrirse la cara, el cuerpo y asegurarse de que su voz no sea escuchada” Incluso hablar, cantar o recitar en público quedó proscripto, la voz de la mujer fue censurada. “Se considera un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público”.
El régimen justifica el aislacionismo de las mujeres como medio para “prevenir tentaciones”. Estas leyes serán aplicadas por la policía moral, admitiendo penas de hasta 3 días de encarcelamiento, con posterior juicio ante la corte talibán. Ante incesantes reclamos por parte de la comunidad internacional, los talibanes tildan el rechazo occidental hacia sus normas y decretos como una burla a su religión y ley (sharia), aclamando que el mundo debería educarse en cuanto a la ley islámica y el respeto de sus valores. Si bien se mantiene sin tomar acciones específicas, las Naciones Unidas, el pasado 27 de agosto, condenaron públicamente estos 35 artículos, urgiendo al gobierno talibán a retroceder sobre ellos. Frente a la situación, el régimen aseguró que las nuevas condiciones serán aplicadas de forma “amable”, en parte porque buscan incansablemente el reconocimiento internacional y el comercio con otras naciones.
Esto se debe a que desde su llegada al poder, el país vio su economía reducida en un 24% y se encuentra sumido en crisis social, malnutrición e insalubridad. Lo cual resulta hasta lógico, considerando que casi la mitad de la población ya no tiene permitido trabajar. La situación que se vive en Afganistán no es solo una cuestión de discriminación de género, es una crisis de derechos humanos que afecta a millones de personas. Es una privación perpetua de la libertad que tiene por víctima a más de la mitad de la población afgana.
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