Para sorpresa de muchos, o quizás no de tantos, el pasado jueves 16 de mayo, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado donde se anunciaron nuevas medidas para regularizar y favorecer a los legítimos usuarios de armas. Javier Milei, de la mano de Nicolás Posse y Patricia Bullrich, fueron los encargados de enviar al Congreso dicho proyecto de ley.
Este tendrá como fin, enfrentar el hecho de que, actualmente, hay aproximadamente 800 mil armas de fuego con tenencia irregular. Siguiendo esta línea, el Gobierno sostiene que su objetivo central será “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Mientras que, al mismo tiempo, lucha por el desarme voluntario de la sociedad, proponiéndose prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para el ejecutor.
Lo que llama la atención es que durante la campaña presidencial, La Libertad Avanza aseguraba no presentar en su plataforma electoral la libre portación de armas, asegurando que la oposición había instalado el tema para menoscabar al partido. No obstante, durante el segundo debate presidencial, la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusaba al mandatario de incluir un artículo en su plataforma titulado “Desregulación y liberación de armas”, ante lo cual, Javier Milei objetó que lo que existe es una “ley de armas’, “y lo que hay que hacer es cumplirla”.
Como era de esperar, la medida generó reacciones adversas en distintos espacios de la opinión pública. Las críticas se basaron principalmente en las prioridades del gobierno, considerándose que en este momento existen problemáticas sociales, o macroeconómicas, como la pobreza o la inflación, respectivamente, que requieren de una atención más inmediata. De igual modo, también hay quienes expresan su preocupación acerca de lo contraproducente que podría llegar a ser su efecto en la seguridad pública, alegando que esta medida es tan solo un “blanqueo” de armas de fuego que nos pone a todos en peligro.
Esto nos retrotrae al período pre-electoral, donde se acusaba al anterior gobierno de utilizar esta cuestión como parte de la “campaña de miedo” que se buscaba imponer en la sociedad, poniendo como mira la situación en Estados Unidos. Quienes apoyan al presidente, aseguran que la oposición confunde “libre portación” con “regularización de la tenencia”, mientras apuntan contra la burocratización de estos procesos. Esto va en consonancia con la cuestión de la seguridad, ya que quienes se reconocen a favor de estas medidas, consideran que ello permitiría que la “gente de bien” tenga a su alcance los instrumentos necesarios para afrontar el problema de la inseguridad que restringe la vida de millones de argentinos diariamente.
La incógnita, entonces, se centra en si deberíamos abrir las puertas a la agilización para el acceso a este tipo de armas, o más bien, deberían existir más trabas para ello. Te invito a dejar tu opinión.
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